lunes, 30 de mayo de 2011

“Yo no quiero que me contraten porque la ley lo exige”


Vivian Murcia
“Yo no quiero que me contraten porque la ley lo exige” afirma Lucía Carbajo, una joven periodista de una agencia de noticias española con una discapacidad del 65%. Lucía tiene dificultades físicas y sensoriales, pero ha buscado su propio camino laboral “a base de esfuerzo, como cualquier persona normal”.
Pero lo que entraña la frase de Carbajo es una reflexión que las sociedades llevan un buen tiempo debatiendo, en un campo que han denominado como conciencia social. La discapacidad dejó de ser un tema tabú, pasó a ser reconocida y protegida por normas jurídicas. Uno de los objetivos de estas leyes ha sido la incorporación laboral de las personas con discapacidad, un proceso del que Lucía es testigo pero del que reconoce faltan cosas por lograr.
A sus 26 años, Lucía tiene una vida como la de cualquier mujer de su edad. Su “caminar diferente”, como ella lo define, y la pérdida de gradual de visión, han sido más motivos que impedimentos para haberse convertido en una periodista “ágil”, que le gusta salir a la calle, buscar historias, hablar con la gente.
Pero el camino laboral de Lucía, como el de más de tres millones de discapacitados que hay en España, no ha sido tan sencillo. El proceso de inserción laboral en personas con discapacidad es complejo, y abarca el desarrollo de una legislación también compleja.
El punto de partida

En España el punto de partida en el camino hacia el reconocimiento de los derechos laborales de los discapacitados se dio en 1982, cuando entró en vigencia la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). La nueva normativa creó los Centros Especiales de Empleo, que tienen por objetivo de integrar a los discapacitados en el sistema laboral.
Se trata del denominado “empleo con apoyo” que, para personas como Lucía, ha resultado fundamental para demostrar que la discapacidad es una condición que no puede equipararse con la incapacidad. “Las personas discapacitadas comenzaron a ser útiles a la sociedad. A generar recursos económicos”, comenta Lucía, sobre el inicio del reconocimiento de sus derechos laborales.
Es trabajo… no es caridad
Sin embargo para personas como Lucía, una de las cosas que están pendientes por reconocerse socialmente es que el trabajo que se le da a un discapacitado “no es caridad”. Para cumplir con este objetivo, existe una labor como la desarrollada por entidades como Inserta, que es la empresa de recursos humanos de la Fundación Once, que se encarga de asesorar, tanto a discapacitados como a empresas, en el proceso de inserción laboral de personas con alguna discapacidad.
“Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas con algún tipo de discapacidad. Para ello, hacemos un profundo análisis de la discapacidad de la persona que quiere emplearse. Esta valoración es desarrollada por expertos que nos ayudan a determinar cuáles son las habilidades y cuáles son los límites de cada persona. Después, viene el trabajo directo con las empresas. Informamos a los empresarios, sensibilizamos los entornos laborales para que la contratación sea efectiva. Además, acompañamos en el proceso posterior, para que la acogida sea más fácil”, explica Francisco Botía, director general de Inserta.
Vencer el miedo a través de una ley
“Yo entiendo a los empresarios que siente miedo de contratar a un discapacitado. Me doy cuenta que romper los temores infundados es el objetivo”, dice Lucía.
Sin embargo, si en algo se ha roto el miedo de los empresarios no ha sido de manera espontánea. Como lo reconoce Botía: “ha sido una respuesta a la imposición de una normativa jurídica que protege a los discapacitados a través de incentivos monetarios que se les ofrece a las empresas que les contrate”.
Se trata del artículo 38 de la Ley Lismi que determina que “en una empresa que tiene como empleadas a más de 50 personas, el 2% de su plantilla debe corresponder a personas con discapacidad”. Sin embargo, “no hay datos fiables de cual es el nivel de cumplimiento de esta norma por parte de las empresas. Se sospecha que muchas lo incumplen”, comenta Botía.
Estímulo económico
Dependiendo del tipo de contrato que haga la empresa y de la discapacidad de la persona a la que se contrata, la Ley Lismi otorga una serie de compensaciones monetarias a las empresas. Este dinero se entrega bajo la forma de “incentivos fiscales y subvenciones”, lo que no niega su carácter de aporte económico a quien de un trabajo que, por mérito propio, puede ser merecido.
Entre otras modalidades de incentivos económicos se ofrecen: 4.500 euros por año para la empresa que contrate a personas con una discapacidad igual o superior al 33%, 5.100 euros al año para el caso de empleados con parálisis cerebral, enfermedad mental y discapacidad intelectual con un grado de discapacidad a partir del 33%, y para aquellos con una discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%.
Discriminar sí … pero en positivo
“Yo no quiero que me contraten porque la ley lo exige, pero reconozco que es necesario que así sea en un primer momento. Me parece válido que a los que tenemos alguna discapacidad se nos abran espacios laborales a través de una ley. Sin embargo, siempre he soñado con que sea una medida formativa no obligatoria”, dice Lucía.
Pero las perspectivas de que la discriminación positiva desaparezca — que se deje de ofrecer dinero a cambio de un trabajo para un discapacitado — parecen bastante lejanas de la realidad. “Más aun cuando hay colectivos denominados multidiscriminados, como los son las mujeres con alguna discapacidad o los enfermos mentales. En estos casos, aumentan los incentivos económicos que se les ofrecen a las empresas por su contratación. Las cantidades monetarias se ven incrementadas en 1.200 euros al año si los contratados son personas mayores de 45 años, y en 850 euros al año en el caso de que sean mujeres”, explica Botía.
Mentir o ser discriminado
“A veces me sentía insegura. Cuando mi jefe me preguntaba frente al ordenador si la frase que estaba escrita me parecía correcta yo le pedía disimuladamente que la volviera a leer. Es que en voz alta puede sonar diferente, le decía. En realidad no podía entender la frase, mi problema de visión no me permitía ver la pantalla”, cuenta Lucía.
Uno de los grandes temores que tienen las personas con discapacidad es enfrentarse a sus jefes con la verdad de sus limitaciones físicas.
“Siempre he sido honesta con mi discapacidad. Aunque al comienzo esconder la verdad era una estrategia de protección. Trabajo en una empresa que contrata a varios discapacitados, mis jefes están acostumbrados a esto y lo entienden. Pero es evidente que a muchos discapacitados les toca mentir”, asegura Lucía.
Pero a veces la discriminación no es directa. De forma sutil se le puede hacer entender a una persona que su condición prima por sobre su trabajo. “No me siento afectada por ello, pero debo reconocer que no es fácil llegar a ocupar un cargo de alto rango, aun cuando se sabe que se puede lograr y desarrollar incluso mejor que una persona no discapacitada”, dice Lucía.
Para facilitar el acceso a cargos altamente cualificados a las personas con algún tipo de discapacidad, el sector educativo se ha puesto en marcha a través del acceso a la educación superior de personas con discapacidad. “Para acceder a un trabajo de alta cualificación la formación es clave. Sin embargo, aún observamos que el volumen de personas discapacitadas con titulación superior es muy inferior al de la población general (8,6%) porque históricamente ha habido una dificultad de accesibilidad a la educación que ahora está superándose. Esperamos que en el futuro los trabajos cualificados empiecen a ser posibles para más personas discapacitadas”, cuenta Francisco Botía.
“La universidad sí es una opción”
“El cambio de mi vida se produjo en el colegio, cuando mi madre, en plena década de los ochenta decidió que yo me iba a educar con gente normal. No tener que ir a un colegio especial y enfrentarme día a día al reto de aprender las cosas como cualquier otro fue el paso definitivo para superar mi discapacidad”, recuerda Lucía.
Esa superación se completó en el año 2007, cuando Lucía ingresó a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Ser profesional es un mérito para cualquiera y, para ella, resulta ser el doble.
“La educación no solo aporta formación intelectual. Permite a la sociedad entender la diversidad que la compone y ésa solo se entiende si se trata a todos por igual. Discriminar es atreverse a proponer un bachillerato para “los mejores”, como algunos políticos lo hacen”, afirma Lucía.
Crisis y discapacidad
La palabra más sonada de los últimos años: la crisis, ha sido una constante en el colectivo de discapacitados. “La inserción laboral en discapacitados ha estado siempre en crisis aún en tiempos de bonanza. El reto en estos tiempos es demostrar que la responsabilidad social no es una moda y que se debe mantener en todas las empresas”, explica Botía.
Sin embargo, con las crisis también se crearon las estrategias y para el caso de los discapacitados también las hay, como explica Lucía: “Dicen los expertos en recursos humanos que en tiempos de crisis resulta conveniente sugerirle a la empresa que con mi condición de discapacitada podrá obtener una bonificación económica si me contrata. ¿Cómo me siento con eso? Mal, pero nosotros también somos mercancías en el mercado de trabajo ¿no?”.