miércoles, 23 de marzo de 2011

El Congreso insta al Gobierno a garantizar tanto el acceso físico como jurídico de los discapacitados a la Justicia

La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de UPyD por la que se insta al Gobierno y a las comunidades autónomas, a llevar a cabo la tarea legislativa necesaria para garantizar en todo el territorio nacional, tanto el acceso físico como el jurídico, de las personas con discapacidad, a la Justicia.
La Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de UPyD por la que se insta al Gobierno y a las comunidades autónomas, a llevar a cabo la tarea legislativa necesaria para garantizar en todo el territorio nacional, tanto el acceso físico como el jurídico, de las personas con discapacidad, a la Justicia.

Precisamente, hace un par de semanas el Pleno de la Cámara Baja acordó tomar en consideración una proposición de ley del PSOE para que se reforme la Ley del Tribunal del Jurado, con el fin de que las personas con discapacidad puedan formar parte de los jurados populares en los juicios y de esta forma la normativa se adapte a la Convención sobre derechos humanos de los discapacitados.

De acuerdo con lo aprobado este martes en la iniciativa de Rosa Díez, se plantea al Ejecutivo garantizar que todos los edificios judiciales de nueva construcción cumplan todos los requisitos de accesibilidad y confortabilidad necesarios para su utilización por las personas con discapacidad (rampas, ascensores, aseos adaptados, orientación y señalización, entre otros).

Igualmente, se plantea que, en el plazo de dos años, los edificios judiciales ya existentes cumplan estos mismos requisitos, al menos en su planta baja, permitiendo de este modo la accesibilidad física a la administración de justicia en todas sus instancias.

Del mismo modo, se pide al Gobierno que se provea a todas las oficinas judiciales y a los profesionales vinculados con la administración de justicia, de los medios formativos y materiales necesarios para que las personas con discapacidad accedan en régimen de igualdad con los demás, a los servicios relacionados con la actividad jurisdiccional, tanto activa como pasiva.

Específicamente, reclama se provean las plantillas con los intérpretes jurados, psicólogos y asistentes sociales necesarios, para la efectiva intervención, en todo tipo de actuaciones judiciales, de las personas con algún tipo de discapacidad.

NUEVAS OFICINAS DE ORIENTACIÓN LEGAL

Dada la complejidad y tecnicismo de las actuaciones judiciales, se insta también al Gobierno y a las comunidades autónomas a crear oficinas de orientación legal, adaptadas en los propios juzgados y tribunales, y en los casos en los que ya existe, arbitrar la utilización de las mismas, con especial atención a las personas con discapacidad.

Según han solicitado, quieren que se establezca un protocolo de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, aplicable a todas las instancias judiciales, donde se haga referencia a las plantillas en las que existan intérpretes jurados, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, según las necesidades de los casos, así como a la información y orientación sobre las disposiciones legales específicas destinada a las personas con discapacidad.

BILLETES ACCESIBLES

Por otro lado, la Comisión de Dependencia ha respaldado con el respaldo de todas las formaciones, animar al Gobierno a trasladar al Banco Central Europeo, así como a las instituciones comunitarias y a los estados miembros de la UE, a la conveniencia de realizar una adaptación paulatina, a medida que se vayan fabricando nuevos billetes en los distintos estados integrantes de la Unión Europea, para que se confeccionen con la escritura en braille.

Igualmente, la comisión parlamentaria ha aprobado por unanimidad una propuesta del PP por la que se plantea al Ejecutivo a que, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), se confeccione una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia en España.

El objetivo de dicha cuenta es conocer la dimensión económica de estos sectores, su impacto, así como aportación a la riqueza nacional. La inclusión de nuevos datos se realizará con la periodicidad que permita la existencia de medios humanos y presupuestarios suficientes, así como la disponibilidad de información, en el caso de la atención a la dependencia, a la espera de la nueva encuesta sobre empleo, discapacidad y dependencia que se está realizando.



ACCESIBILIDAD EN LA CULTURA

Además, la comisión del ramo ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE por la que se insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a adoptar políticas y medidas de actuación en el ámbito de la cultura dirigidas a garantizar la accesibilidad física en los espacios culturales que gestione la Administración del Estado, así como la accesibilidad sensorial.

En este sentido, quieren implementar la medida mediante pantallas, signoguías, pictogramas, cartelería, en dichos espacios culturales, además de promover mediante talleres, exposiciones u otros eventos culturales la participación activa de las personas con discapacidad en la creación artística.
Precisamente, hace un par de semanas el Pleno de la Cámara Baja acordó tomar en consideración una proposición de ley del PSOE para que se reforme la Ley del Tribunal del Jurado, con el fin de que las personas con discapacidad puedan formar parte de los jurados populares en los juicios y de esta forma la normativa se adapte a la Convención sobre derechos humanos de los discapacitados.

De acuerdo con lo aprobado este martes en la iniciativa de Rosa Díez, se plantea al Ejecutivo garantizar que todos los edificios judiciales de nueva construcción cumplan todos los requisitos de accesibilidad y confortabilidad necesarios para su utilización por las personas con discapacidad (rampas, ascensores, aseos adaptados, orientación y señalización, entre otros).

Igualmente, se plantea que, en el plazo de dos años, los edificios judiciales ya existentes cumplan estos mismos requisitos, al menos en su planta baja, permitiendo de este modo la accesibilidad física a la administración de justicia en todas sus instancias.

Del mismo modo, se pide al Gobierno que se provea a todas las oficinas judiciales y a los profesionales vinculados con la administración de justicia, de los medios formativos y materiales necesarios para que las personas con discapacidad accedan en régimen de igualdad con los demás, a los servicios relacionados con la actividad jurisdiccional, tanto activa como pasiva.

Específicamente, reclama se provean las plantillas con los intérpretes jurados, psicólogos y asistentes sociales necesarios, para la efectiva intervención, en todo tipo de actuaciones judiciales, de las personas con algún tipo de discapacidad.

NUEVAS OFICINAS DE ORIENTACIÓN LEGAL

Dada la complejidad y tecnicismo de las actuaciones judiciales, se insta también al Gobierno y a las comunidades autónomas a crear oficinas de orientación legal, adaptadas en los propios juzgados y tribunales, y en los casos en los que ya existe, arbitrar la utilización de las mismas, con especial atención a las personas con discapacidad.

Según han solicitado, quieren que se establezca un protocolo de acceso a la justicia para las personas con discapacidad, aplicable a todas las instancias judiciales, donde se haga referencia a las plantillas en las que existan intérpretes jurados, asistentes sociales, psicólogos, etcétera, según las necesidades de los casos, así como a la información y orientación sobre las disposiciones legales específicas destinada a las personas con discapacidad.

BILLETES ACCESIBLES

Por otro lado, la Comisión de Dependencia ha respaldado con el respaldo de todas las formaciones, animar al Gobierno a trasladar al Banco Central Europeo, así como a las instituciones comunitarias y a los estados miembros de la UE, a la conveniencia de realizar una adaptación paulatina, a medida que se vayan fabricando nuevos billetes en los distintos estados integrantes de la Unión Europea, para que se confeccionen con la escritura en braille.

Igualmente, la comisión parlamentaria ha aprobado por unanimidad una propuesta del PP por la que se plantea al Ejecutivo a que, a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), se confeccione una cuenta satélite de la discapacidad y atención a la dependencia en España.

El objetivo de dicha cuenta es conocer la dimensión económica de estos sectores, su impacto, así como aportación a la riqueza nacional. La inclusión de nuevos datos se realizará con la periodicidad que permita la existencia de medios humanos y presupuestarios suficientes, así como la disponibilidad de información, en el caso de la atención a la dependencia, a la espera de la nueva encuesta sobre empleo, discapacidad y dependencia que se está realizando.



ACCESIBILIDAD EN LA CULTURA

Además, la comisión del ramo ha aprobado por unanimidad una iniciativa del PSOE por la que se insta al Gobierno, en el marco de sus competencias, a adoptar políticas y medidas de actuación en el ámbito de la cultura dirigidas a garantizar la accesibilidad física en los espacios culturales que gestione la Administración del Estado, así como la accesibilidad sensorial.

En este sentido, quieren implementar la medida mediante pantallas, signoguías, pictogramas, cartelería, en dichos espacios culturales, además de promover mediante talleres, exposiciones u otros eventos culturales la participación activa de las personas con discapacidad en la creación artística.