Un millón de euros defraudó la empresa de telemárkentig que recibió subvenciones públicas de la Junta de Andalucía a cambio de contratar para sus centros especiales a personas con discapacidad.
Un millón de euros defraudó la empresa de telemárkentig que recibió subvenciones públicas de la Junta de Andalucía a cambio de contratar para sus centros especiales a personas con discapacidad. La estimación del fraude es de Comisiones Obreras de Granada, que ayer aseguró que la investigación abierta por la Fiscalía Superior de Andalucía a instancia del sindicato abarca por ahora únicamente a «la punta de iceberg» del entramado presuntamente delictivo. Según la central sindical hay más de 200 personas afectadas.
El secretario provincial de CC OO en Granada, Ricardo Flores, desgranó el modo de operar de la empresa, radicada socialmente en Jaén y con ramificaciones sin actividad en Granada y Málaga. La firma investigada contrataba a trabajadores discapacitados para obtener así las ayudas económicas establecidas por la administración autonómica. La empresa percibía las subvenciones, pero antes de que concluyera el periodo de pruebas despedía al personal contratado sin pagarle el salario.
La denuncia de CC.OO. que ha destapado el escándalo se sustentó en el presunto incumplimiento del estatuto de los trabajadores, toda vez que, según indicó el asesor jurídico del sindicato, Amador Torres, la empresa abusaba sistemáticamente de la figura del periodo de pruebas. Así lo acreditan cinco sentencias derivadas de otras tantas denuncias de trabajadores que no habían cobrado las nóminas, a pesar de que sus sueldos están subvencionados en un 75% por la Junta de Andalucía.
El sindicato entiende que el dinero se lo quedaba la empresa, a pesar de lo cual el responsable de la misma, en lo que CC.OO. califica como una huida hacia adelante, denunció a la administración autonómica por no transferirle determinadas ayudas, lo que le sirvió de excusa para justificar el impago a los trabajadores. Al respecto, Torres puntualizó que los centros especiales de empleo no subsisten apuntalados por la ayuda pública sino que están obligados a financiarse con recursos propios obtenidos en su actividad mercantil.
CC.OO. señaló que la empresa, aunque es de ventas por teléfono, carecía al principio de terminales y no disponía de sillas para todos los trabajadores ni base de datos de los clientes.
Sordos para atender teléfonos
Las irregularidades detectadas en la contratación de personal discapacitado incluye episodios casi grotescos. En la relación de contratos de la empresa denunciada por CC.OO. figuran discapacitados auditivos, lo que supone una paradoja dado que la ocupación de la empresa era... el telemarketing y la venta por teléfono. La empresa investigada no tiene más personal que los operadores telefónicos, por lo que teóricamente las personas sordas contratadas debían atender las llamadas telefónicas. Según ha explicó ayer el secretario provincial de CC.OO. de Granada, Ricardo Flores, la empresa en cuestión, denominada «MFK» y dedicada al telemarketing, contrataba a discapacitados, para lo que recibía las correspondientes subvenciones de la Consejería, pero los despedía antes de que acabaran incluso el periodo de pruebas y sin que cobraran. La empresa tiene sede social en Jaén, donde cuenta con un centro que se une a dos más que ya han cesado su actividad: uno en Granada y otro en Málaga, según el sindicato, que cifra en más de 200 el total de discapacitados afectados por el supuesto fraude. Una de las dos personas que administraba la empresa fue condenada por acoso sexual a una trabajadora del centro de Jaén.
