La Fiscalía ve "graves irregularidades" en la actuación de la empresa andaluza investigada por fraude con discapacitados
La Fiscalía Superior de Andalucía considera que Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), la empresa de telemarketing con ramificaciones en las provincias de Granada, Jaén y Málaga investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Junta de Andalucía, podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en "graves irregularidades".De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal superior, Jesús García Calderón, concluye que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CC.OO. y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según consta en el decreto al que ha tenido acceso Europa Press.
La Fiscalía, que ya incoó diligencias por este asunto el pasado 6 de junio, acuerda ahora ampliar su denuncia y remitir lo investigado por la Policía Judicial, a través de la Fiscalía Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, que se encarga de la instrucción del caso, así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga "para su conocimiento y a los efectos oportunos".
Según el informe policial realizado, la mayoría de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, "sin superar los cuatro meses de duración contractual establecido como periodo de prueba".
Estas contrataciones "han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones", que, "en ningún caso y de manera intencionada", ha vinculado su percepción con la continuidad temporal del empleo con la integración laboral de las personas discapacitadas que fueron contratadas e incluso con la viabilidad económica de la empresa.
El total de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de un total de 95, si bien el número podría ser superior, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucía asciende a 1.384.241,68 euros, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.
El cobro de estas cantidades ha supuesto por la empresa el "reiterado y continuo incumplimiento" de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad y, en ese sentido, la Fiscalía recuerda que la Consejería de Empleo debe tener el "suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas".
