Una discapacidad severa puede llegar a absorber hasta el setenta por ciento del presupuesto de un hogar
La presencia de una persona con una discapacidad severa puede llegar a absorber hasta el setenta por ciento del presupuesto de un hogar, lo que acentúa la situación de pobreza de este colectivo y contribuye además a elevar el nivel de pobreza total en España.
Así se desprende de datos que se han plasmado en un estudio sobre los aspectos sociales y económicos de la dependencia, que ha sido realizado por expertos de varias universidades y centros de investigación para la Fundación de las Cajas de Ahorros y donde se constata que Galicia es Comunidad autónoma que presenta un mayor número de dependientes respecto a su población.
Según datos recabados por Efe en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, casi 750.000 personas perciben ya algún tipo de prestación incluida en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
En el estudio monográfico sobre dependencia elaborado por la Funcas se ponen de relieve los dos aspectos fundamentales que han empujado a muchos países a incorporar la atención a la dependencia como uno de los pilares principales del estado de bienestar: la creciente longevidad y la reducción de la capacidad de las familias para hacerse cargo de sus miembros dependientes debido a la mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.
Las grandes cifras de la discapacidad y la dependencia reflejan que en España hay casi cuatro millones de personas con algún tipo de discapacidad residiendo en viviendas y aproximadamente la mitad de ellas son dependientes ya que necesitan asistencia personal para satisfacer alguna de sus necesidades básicas.
Algunos de los expertos que han intervenido en el monográfico han explorado la relación que existe entre discapacidad, dependencia y pobreza, y han concluido que el coste de discapacidad moderada ronda el 40 por ciento de la renta de un hogar, pero que en una dependencia "severa" ese porcentaje se elevaría hasta el setenta por ciento.
Además, la población que presenta algún tipo de discapacidad tiende a estar mayoritariamente en la parte baja de la distribución de la renta, y cuando la renta del hogar se ajusta para atender los costes derivados de esa discapacidad se acentúa la severidad de la pobreza.
Al analizar la distribución territorial de la dependencia en España, los expertos han corroborado que el porcentaje de población dependiente -que residen en hogares o en centros especiales- es muy heterogénea y las diferencias porcentuales de población dependiente entre comunidades autónomas pueden llegar a ser más del doble.
Así, Galicia es la que presenta un mayor número de dependientes respecto a su población (el 6,6 por cien), seguida de Castilla y León, Extremadura y Asturias -con porcentajes las tres superiores al 6 por ciento-.
En el lado opuesto, la Comunidad de Madrid es la que tiene el menor porcentaje de personas dependientes (el 3,8 por ciento de la población), seguida de Canarias, La Rioja y Baleares, con porcentajes inferiores al 4,5 por ciento.
En el medio de la tabla se sitúan las comunidades de Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía, Aragón, Valencia, Ceuta, Melilla, Cantabria o Navarra, cuyos porcentajes de dependientes oscilan entre el 5 y el 6 por ciento; y Cataluña y el País Vasco (entre el 4 y el 5 por ciento).
En términos generales, uno de cada cinco españoles mayores de 65 años se encuentra en situación de dependencia; de ellos, un 14 por ciento padece una dependencia leve, un 4 por ciento una dependencia moderada y casi el 3 por ciento una dependencia grave o total.
Los expertos que han participado en este monográfico han valorado la institucionalización de la atención a la dependencia como cuarto pilar del estado del bienestar, pero han observado que la Ley de Dependencia en la que se basa es una norma "de hechos consumados".
Ante esta situación, los expertos apuestan por complementar la ley sobre la que pivota el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia con políticas que planteen una mayor inversión en acciones preventivas, para anticiparse a la aparición de las enfermedades que provocan la discapacidad y la dependencia. EFE
